Acción Constitucional de Protección

Sobre la acción constitucional de protección. Con fecha 28 de diciembre de 2022, un grupo de ciudadanos del movimiento Unidos por la Tecnología Responsable, comprometidos con el derecho a la vida, integridad física, la salud, el cuidado del medioambiente, la igualdad ante la ley y a la participación en la gestión de los asuntos de interés público, presentaron una acción constitucional de protección con el Ministerio de Medio Ambiente,  ante la omisión ilegal y arbitraria, que se extiende por más de 9 años, en la dictación de la norma de emisión de ondas electromagnéticas asociadas a equipos y redes para la transmisión de servicios de telecomunicaciones, establecida en el artículo 7º de la Ley N°18.168, general de telecomunicaciones, modificada por la Ley N°20.599, publicada el 11 de junio de 2012.

Extensión del procedimiento de elaboración de la norma. El procedimiento de elaboración de la referida norma se inició el 28 de diciembre de 2012, mediante Resolución Exenta N°1021, de 2012, y mediante sucesivas postergaciones y dilaciones por el Ministerio de Medio Ambiente, la última mediante Resolución Exenta Nº1163, de 14 de octubre de 2021, ha significado la extensión del plazo para la elaboración del anteproyecto hasta el 31 de julio de 2022, lo que hace ineficaz el procedimiento administrativo y priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que la Constitución asegura.

Fundamentos de la preocupación ciudadana. La implementación de la política nacional de 5G y los riesgos para la salud humana y del medio ambiente que el uso de las tecnologías inalámbricas producen, exigen hacer un llamado de atención a la autoridad sobre la urgente necesidad de contar con una regulación que determine límites a la emisión de ondas electromagnéticas y de disponer información de sus efectos en la salud y el medioambiente.

Estándar que establece la Ley de Telecomunicaciones y que no se aplica. La Ley de Telecomunicaciones mandata al Ministerio de Medio Ambiente para que dicte la norma de emisión de ondas electromagnéticas y le exige que los límites de densidad de potencia que se establezcan deberán ser iguales o menores al promedio simple de los cinco estándares más rigurosos establecidos en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hasta la fecha esos límites no han sido fijados y ya ha comenzado a implementarse la tecnología 5G.

Peticiones concretas del movimiento Unidos por la Tecnología Responsable. Se solicitó a la Corte de Apelaciones que se adopten las medidas para que el Ministerio del Medio Ambiente dé certeza jurídica para prevenir nuevas dilaciones y postergaciones, y, en definitiva, ordenarle realizar las acciones necesarias para la dictación de la norma de emisión de ondas electromagnéticas en un breve y razonable plazo y, en particular, para la coordinación con los organismos públicos con competencia sectorial, a efectos de ejercer de manera eficaz y oportuna las funciones que la ley le encomienda, y la adopción de las medidas que sean necesarias para dar protección efectiva a los derechos de nuestros representados a la vida, integridad física y síquica, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, teniendo para ello como fecha límite de todo el procedimiento administrativo, el 31 de julio de 2022.

Admisibilidad de la acción constitucional de protección determinada por la Corte Suprema. A pesar de que en un primer momento, la Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la acción constitucional de protección, con fecha 18 de enero de 2022, la Corte Suprema señaló que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en la acción constitucional se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación y ordenó a la Corte de Apelaciones darle la tramitación correspondiente.

Próximos pasos en la tramitación judicial. Lo que corresponde ahora es que la Corte de Apelaciones solicite al Ministerio de Medio Ambiente que informe la acción de protección presentada, a efectos de explicitar las razones de la dilación ilegal y arbitraria en la dictación de la norma de emisión de ondas electromagnéticas.

Documentación Legal

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